Además de la Operación Tacos, Monex –empresa ligada al manejo de recursos del PRI durante la campaña 2012– ha sido investigada por las autoridades antilavado por los casos Wachovia, en Estados Unidos; Yarrington, en Tamaulipas, y del empresario de origen chino Zhenli Ye Gon, bajo proceso de extradición de México a Estados Unidos por su supuesta actividad como importador de precursores para la elaboración de metanfetaminas. Un complejo fraude bancario lavado por funcionarios de Scotian Bank tuvo el mismo tránsito: Monex, la empresa en que todos quieren lavar.
PRIMERA PARTE
Ciudad de México, 5 de feb (SinEmbargo).– Existe una cifra que, tras leerla, parece un error. Pero no lo es. Una cifra que, tras entenderla, se convierte en adjetivo para comprender la capacidad de lavado de dinero del narcotráfico en sociedad con las casas de cambio –esos cuartos oscuros de paredes mal pintadas y un hombre aburrido detrás del vidrio antibalas–: 373 mil 630 millones 892 mil 102 dólares, más del doble de las reservas internacionales del Banco de México, ahorro presumido por el gobierno mexicano como la fortaleza ante el vendaval que azota las finanzas internacionales.
Otra forma de decirlo. ¿Recuerda usted la pila de billetes asegurados a Zhenli Ye Gon y luego exhibida por los funcionarios de Felipe Calderón como la confiscación más grande hecha en la historia del crimen organizado? Pues con los 373 mil millones de dólares se podría hacer una torre de la misma superficie, pero de 186 pisos. Todo se lavó en el mismo lugar, en Wachovia Bank, un caso al que se le prestó poca atención en México.
Y Monex tiene que ver con ambos casos: con el empresario chino como con el banco mexicano.
El de 2004 fue, como los anteriores y posteriores –y, por lo visto, los venideros– un buen año para Monex. Sus ingresos totales ascendieron a 1 mil 217 millones de pesos, 16.7% más que en 2003. Fitch Ratings le otorgó la calificación “A(mex)” al riesgo contraparte de largo plazo, lo cual implica una alta calidad crediticia. Y, también, según la carta con que inicia el reporte anual de aquel año, firmada por su presidente y director general, Héctor Lagos Dondé, “actualizamos los valores de nuestra filosofía y redefinimos nuestro código de ética”.
Líneas abajo se lee:
“Monex tiene un manual maestro de prevención de lavado de dinero del grupo financiero, así como un manual de políticas y procedimientos para la contratación de nuestros clientes inversionistas. Monex cuenta con oficial de cumplimiento (sic), miembro activo y certificado de ACAMS (organismo autorizado en EE.UU. para certificar Oficiales de cumplimiento como especialistas en prevención de lavado de dinero).
“En Monex sesiona el comité de comunicación y control conformado por ejecutivos de alto nivel, incluyendo a las áreas de negocios y con facultades de toma de decisiones. Anualmente Monex recibe a supervisores de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, quienes revisan exclusivamente en esta materia. Adicionalmente, durante los últimos cuatro años, Monex ha contratado a auditores independientes de despachos de reconocido prestigio para que revisen las acciones en materia de prevención, detección y reporte de operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
Algo más se enlista en ese reporte: las instituciones con que Monex mantiene cuentas, entre estas HSBC, recién multada por sus relaciones de lavado con casas de bolsa mexicanas y, por supuesto, también con Wachovia.
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En 2005, Jorge Corrales, Enrique Rumbos o Juan Pérez o el nombre que usted quiera tomó el teléfono. Marcó el 01 222 248 0199, el número de la Casa de Cambio Puebla. Le respondieron en la matriz del centro cambiario, en la capital poblana. El hombre ordenó la transferencia electrónica de 100 mil dólares, distribuidos en cuatro emisiones, a la oficina de negocios en Miami del Banco Wachovia, entonces cuarto en tamaño en Estados Unidos.
El destinatario final fue un fideicomiso abierto en ese mismo país, Powell Aircraft Title. La intención era comprar un avión. Otro.
No importa qué nombres sean, porque son falsos. Los nombres que importan son los que están detrás. Casa de Cambio Puebla fue la pista de despegue de 13 aviones comprados por Joaquín El Chapo Guzmán, capo del Cártel de Sinaloa, y uno de sus socios colombianos, Francisco Cifuentes Villa Don Pancho. Las aeronaves se convirtieron en verdaderas fortalezas de cocaína.
En junio de 2005, el fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, la DEA y la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos comenzaron a investigar transferencias electrónicas enviadas a Estados Unidos desde México para comprar los narcoaviones.
Desde mediados de esta década, el Banco Wachovia desarrolló una intensa relación de negocios con 22 de casas de cambio en México, entre estas Casa de Cambio Puebla, con la que Monex mantenía especial contacto, según los resultados de la Operación Tacos, el embrollo de euros y cocaína llevados y traídos por mexicanos en España. Esto a pesar que en 2005, México fue designado como una fuente de alto riesgo de actividad de lavado de dinero, particularmente, las actividades financieras hechas a través de las casas de cambio.
Lo anterior se desprende de los documentos judiciales de la Corte del Sur de Florida, responsable del caso número 10-20165-CR-LENARD, de los cuales SinEmbargo tiene copia, al igual que de todos los documentos referidos.
Pero esto no importó a los ejecutivos de Wachovia, quienes diseñaron productos financieros para su clientela mexicana sin importar el extraño olor de millones de dólares que inundaban sus cuentas y paraban en los bolsillos del fideicomiso aeronáutico. ¿Cuál era la cartera de productos financieros?
Wachovia ofreció a las casas de cambio por lo menos tres servicios.
Primero. Les permitió el envío de transferencias electrónicas a través suyo, que fueron enviadas por Casa de Cambio Puebla a nombre de clientes terceros con residencia en México a depósitos de todo el mundo.
Segundo. Otorgó un servicio de grandes cantidades de efectivo. Las casas de cambio acumularon grandes cantidades de dólares en México, que después fueron transportadas físicamente a Estados Unidos a través de vehículos blindados. Una vez en Estados Unidos, el dinero era depositado en la Reserva Federal. A través de este método, las casas de cambio reingresaron dólares al mercado estadounidense.
Tercero. Aceptó depósitos en bolsas con miles de cheques y cheques de viajero. En mayo de 2005, Wachovia introdujo un nuevo método de entrega para depósitos internacionales de cheques llamado “captura remota de depósito”, lo que permitió a las casas de cambio escanear los documentos y, con el simple archivo electrónico, obtener crédito.
El dinero fue procesado entre el primero de mayo de 2004 y el 31 de mayo de 2007 mediante transferencias electrónicas a nombre de las casas de cambio, incluida la de Puebla. Al menos también 4 mil 700 millones de dólares en grandes cantidades de efectivo para las casas de cambio. En el mismo lapso, Wachovia procesó 47 mil millones de dólares en capturas remotas de depósito.
El año de 2004: año del primer reporte financiero de 2004 de Monex, el año del crecimiento del 16 por ciento. Palabras más, palabras menos, los reportes de 2005 eran festivales de optimismo y compromisos antilavado. Los estados de 2005 y 2006 mantuvieron la expresión de la relación con Wachovia Bank. En 2007, el fuego ya estaba demasiado cerca.
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- Copelas o cuelo. Foto tomada de un programa de la televisión de Estados Unidos
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El 11 de septiembre de 2005, en el aniversario de los avionazos convertidos en bombas en Nueva York, la fuerza aérea colombiana dio caza a un avión que logró descender en la Isla de San Andrés. Estaba cargado con mil 300 kilos de cocaína.
Otra vez el olfato de la DEA y, como en el caso anterior, el flujo de dinero para comprar el aeroplano: el dinero se transfirió de la Casa de Cambio Puebla a cuentas bancarias de Wachovia Bank y, de ahí, al fideicomiso Powell Aircraft. Uno más se desplomó en Yucatán, México, con 3.3 toneladas. Otro fue asegurado en Ciudad del Carmen, Campeche, con 5.6 toneladas. De cocaína pura, por supuesto.
A su vez, Don Pancho estaba asociado con otro gánster bien conocido por la DEA y las autoridades mexicanas en este asunto de aviones y coca, el guatemalteco Otto Herrera García, capturado en México en abril de 2004 y fugado del Reclusorio Sur del Distrito Federal apenas un año y un mes después.
En total, 13 millones de dólares fueron enviados a cuentas de Wachovia para la compra de 13 aviones usados en el tráfico de drogas. Todos fueron incautados con más de 20 toneladas de coca, de acuerdo con los documentos de la Corte del Distrito Sur de Florida.
David Gaddis, jefe Regional de la Agencia Antidrogas estadounidense en México envió cuatro oficios a la Procuraduría General de la República (PGR). Se revelaba una compleja ingeniería financiera y de producción y trasiego de cocaína por los aires. La droga era provista por Don Pancho, asesinado en 2007, cuando era capo del Cártel del Valle del Norte. Antes fue operador del Cártel de Cali.
Don Pancho era, junto con su condición de empresario de la coca, un empresario aeronáutico.
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Durante la investigación, las autoridades estadounidenses revisaron la actividad bancaria de las casas de cambio mexicanas que operaron a través de Wachovia. Encontraron “evidencias obvias” y “alertas de lavado de dinero del narcotráfico a gran escala”, se apunta en el documento de la Corte de Florida.
Era común la emisión de transferencias electrónicas múltiples en números redondos en el mismo día o en fechas próximas por los mismos depositantes para el beneficio de la misma cuenta.
Por ejemplo, en un período de dos días, se efectuaron diez transferencias electrónicas por cuatro individuos diferentes y un negocio en la cuenta de un intermediario aeronáutico. Todas las transferencias estaban hechas en números redondos. La investigación reveló que las identidades de los individuos eran falsas, mientras que el negocio era una empresa fantasma.
Según la PGR y la Secretaría de Hacienda, 74 personas, tanto físicas como morales, transfirieron recursos a través de la Casa de Cambio Puebla. Algunos nombres identificados por la DEA: “Enrique Rumbos”, quien sería el intermediario en el negocio de la venta de aeronaves. Uno más, supuestamente contraparte sudamericana en la adquisición de los aviones, “Jorge Corrales”. También el de un piloto sinaloense de 80 años, “Jorge Castro Barraza”.
En otra ocasión, se menciona en los documentos judiciales, una casa de cambio hizo ocho transferencias electrónicas para depositar en la cuenta de un vendedor de aviones en el mismo día. Cuatro de esos pagos fueron enviados por un individuo en dos emisiones de 49 mil dólares y las otras dos por 51 mil dólares. Los envíos restantes fueron emitidos por otro sujeto, cada una por 50 mil dólares. Al día siguiente, otra casa de cambio envió diez transferencias electrónicas a través de Wachovia a la misma cuenta del vendedor de aviones. Cada transferencia fue por 50 mil dólares. Todos los nombres resultaron falsos.
Y, en un período de siete días, la casa de cambio envió más de 1.3 millones de dólares en transferencias electrónicas para depositarse en las cuentas de un vendedor de aviones.
Las casas de cambio regularmente depositaban cheques de viajero a través de sacos o bolsas con números seriados secuenciales y estructurados y fechas de depósito en o cerca de la fecha de compra. Otros elementos sospechosos incluyeron “marcas de pitufo” o marcas inusuales y cheques de viajero sin ninguna firma legible.
Muchas de las casas de cambio que usaban el servicio de grandes cantidades de efectivo de Wachovia enviaban significativamente más efectivo de lo que el mismo banco esperaba, al menos 50 por ciento más de su actividad mensual prevista.
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En mayo de 2007, la DEA congeló a Casa de Cambio Puebla 11 millones de dólares distribuidos en 23 cuentas bancarias abiertas en Wachovia por orden de la fiscal adjunta del distrito sur de Florida, Andrea Hoffman.
La PGR respondió seis meses después, cuando la Subprocuraduría de Investigación en Delincuencia Organizada cateó, el 7 de noviembre de ese año, oficinas de Casa de Cambio Puebla y detuvieron a nueve personas, entre éstas Pedro Alfonso Alatorre Damy o Pedro Barraza Urtusuástegui El Piri, operador financiero del Cártel de Sinaloa y responsable del flujo de dinero con que se pagó el embarque de las 5 toneladas de cocaína que aseguró el Ejército, en un avión que aterrizó en Campeche, el 10 de abril de 2006.
En Puebla se detuvo a Amador Cordero Vázquez, contralor general de las Casas de Cambio y se intervino la matriz del centro cambiario. En la Ciudad de México se realizaron cuatro cateos a las oficinas del centro cambiario en Polanco, la Torre Mayor y el Aeropuerto de la Ciudad de México, además de la casa de El Piri, en Lomas de Barrilaco, y un domicilio más en Huixquilucan, Estado de México.
“La Policía Federal investiga, en coordinación con distintas autoridades en México y Estados Unidos, el número y el monto de otras transacciones financieras encabezadas por Alatorre Damy para la organización criminal que encabezan Joaquín Guzmán Loera, los hermanos Beltrán Leyva –cuando aran socios del Cártel de Sinaloa– y El Mayo Zambada”, informó entonces la Secretaría de Seguridad Pública.
Según la investigación mexicana, el operador financiero incrustado en el centro cambiario fue El Piri, quien hoy espera en un penal federal de Veracruz su extradición a Estados Unidos. La investigación, dirigida en todo momento por la DEA, descubrió que Don Pancho extendió su sociedad con Sinaloa mediante la creación del fideicomiso estadounidense Powell Aircraft Title Services que, según la agencia antidrogas, prestaba servicios de transportación a El Chapo y a Ismael El Mayo Zambada.
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La galería de nombres que blanquearon a través de Casa de Cambio Puebla y el Banco Wachovia parece interminable.
La PGR congeló en 2008 todos los recursos económicos de José Luis Laddaga, supuesto operador financiero en México del cártel colombiano del Norte del Valle. Y lo hacía a través del centro cambiario con matriz en Puebla.
Se le relacionó además con un hecho de sangre de agosto de 2006. Pablo Sánchez y Francisco Caruli, de 43 y 18 años, fueron degollados en el interior del Centro Cambiario Liberty, en el Distrito Federal.
Pero lo suyo era la operación financiera. Y si se observa su ruta de depósitos, se entenderá que el narcotráfico ha convertido al mundo en un pañuelo. Laddaga transfería a empresas de Asia, Europa y Estados Unidos.
Fernando Cruz Tapia, presunta cabeza de una red de lavado de dinero de cárteles de la droga mexicanos y colombianos, fue aprehendido en enero de este año por la Policía Federal. Habría blanqueado al menos 50 millones de dólares a través de cinco centros cambiarios, entre estos Casa de Cambio Puebla.
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En mayo de 2007, la Fiscalía para el Distrito Sur de Florida, la DEA y la Red de Crímenes Financieros investigaron a fondo las condiciones de operación de Wachovia.
Determinaron que, desde mayo de 2003 y hasta por lo menos julio de 2007, el banco violó las normas de antilavado de dinero, los requerimientos de reportes de actividades sospechosas y sus propias regulaciones.
“Las violaciones en Wachovia fueron serias y sistemáticas y permitieron a algunos de sus clientes lavar millones de dólares procedentes del narcotráfico a través de las cuentas de Wachovia por un largo período de tiempo”, se plantea en la declaración de hechos de la Corte del Sur de Florida.
La investigación identificó al menos 110 millones de dólares del narco que fueron conducidos a través de las cuentas de las casas de cambio en Wachovia. “Este banco falló en la apreciación y dirección de riesgos asociados con su clientela de casas de cambio mexicanas y en reconocer que su programa anti lavado de dinero era inadecuado para el monitoreo de transacciones sospechosas de las casas de cambio”.
La investigación ha determinado que hubo esencialmente siete fallas significativas. Entre estas, Wachovia careció de procedimientos de monitoreo en la repatriación de cerca de 14 mil millones de dólares en grandes cantidades de efectivo para casas de cambio de alto riesgo y otros clientes extranjeros con manejo de altas cantidades de efectivo.
Falló en el monitoreo de más de 40 mil millones de dólares en instrumentos monetarios de cuentas extranjeras internacionales en la forma de RDC por un período de dos años.
El banco fue omiso en dar seguimiento a las transacciones con las casas de cambio y otras cuentas bancarias extranjeras de alto riesgo para cumplir con las obligaciones de reporte de actividades sospechosas.
No implementó supervisión ni límites para cheques de viajero con números secuenciales de alto riesgo para clientes de casas de cambio de alto riesgo en contravención de la propia política de Wachovia.
Tampoco detectó ni reportó oportunamente transferencias electrónicas sospechosas por 373 mil millones de dólares provenientes de las casas de cambio en ausencia de políticas suficientes anti lavado de dinero.
Cegarse y callarse. Sólo estar en medio de la danza de los millones. Eso hizo Wachovia. Y no sólo Wachovia.
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El banco condujo de manera voluntaria una detallada revisión de sus transacciones con 13 casas de cambio mexicanas durante un período de tres años. Entregó más de 8 millones de páginas de documentos y los resultados de una investigación interna conducida por un consultor independiente a reguladores bancarios estadounidenses.
No hubo juicio. Wachovia despidió a sus funcionarios responsables. Se dijo culpable de las acusaciones y contuvo la marea con el pago de 110 millones de dólares, cantidad que al menos fue lavada por los Cárteles de Sinaloa y del Valle Norte, además de una multa de 50 millones de dólares, según el acuerdo judicial logrado el 16 de marzo de ese año entre el gobierno estadounidense y Wells Fargo, el banco comprador de Wachovia, según el documento, cuya copia también posee este medio.
Un pelo en el gato de 373 mil millones de dólares.
Las acusaciones hechas por la PGR contra Casa Puebla, dadas a conocer el 8 de noviembre de 2007, no distan de las hechas a Wachovia. La operadora incumplió el “régimen de prevención, detección y alerta de operaciones con recursos de procedencia ilícita a la que está obligada como toda institución financiera del país”.
Pero hace falta echar un vistazo a los nombres de los empresarios relacionados con el centro cambiario que no fueron investigados al menos debió despertar dudas.
La Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores cancelaron, en 2008, la operación de la Casa de Cambio Puebla. El único culpable ha sido hasta ahora Alatorre Damy, gerente de una de las 18 sucursales de Casa de Cambio Puebla. Con excepción suya, nadie dio explicación alguna al juez de los camiones de dinero combinados con los aviones de coca.
El 10 de febrero pasado, la Policía de Colombia presentó 21 narcotraficantes detenidos como resultado de la “Operación sin Fronteras”.
El grupo capturado era un trozo del Cártel del Valle Norte. Al frente estaba una mexicana María Patricia Rodríguez Monsalve La Doctora, viuda de Don Pancho y heredera del imperio de aviones rellenos de cocaína, corazón de la Operación Wachovia.
Y el Banco Wachovia no existe más por sí mismo. Desde 2008 es una subsidiaria de Wells Fargo, el banco más grande de Estados Unidos.
¿Y Monex? Héctor Lagos Dondé escribió en el reporte de su empresa para 2007, año del incendio de Wachovia, que las utilidades de su grupo financiero ascendieron ese año a más de 1 mil 800 millones de pesos, un incremento superior al 11 por ceinto con respecto a 2006.
Y líneas abajo se lee:
“En Monex Grupo Financiero contamos con la certificación ISO 9001:2000 para nuestro proceso de “Prevención, Detección y Reporte de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en todos sus productos a nivel nacional” (…) Estamos orgullosos de contar con un Sistema de Gestión de Calidad sólido, capaz de ofrecer a nuestros clientes productos y servicios confiables y seguros, soportado principalmente por un sistema de monitoreo SAS Anti Money Laundering utilizado a nivel internacional como una de las mejores soluciones para este tipo de procesos; así como el haber desarrollado una robusta infraestructura para el resguardo de la información de nuestros clientes con niveles de seguridad de clase mundial”.
EL CHINO
Zhenli Ye Gon es un hombre peculiar por donde se le vea. Sin relación conocida con ninguna Triada, las poderosas mafias chinas hasta hace poco tiempo más poderosas que los cárteles mexicanos, se insertó en el mundo del narcotráfico nacional y quizá salga libre.
Según el gobierno de Felipe Calderón, que convirtió su caso como uno emblemático en su guerra contra la drogas, el supuesto importador de precursores químicos para la elaboración de metanfetaminas, armó un andamiaje de dinero a través de cerca de 500 operaciones financieras en que habría lavado unos 90 millones de dólares entre 2003 y 2006, según la Procuraduría General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El andamiaje de dinero corría las empresas de Zhenli registradas como Unimed Pharm Chem, Constructora e Inmobiliaria Federal y Unimed Pharmeceutical a grandes instituciones como HSBC, Banorte, BBV Bancomer y Banamex. Pero el tejido fino se resolvía con ochos casas de cambio, entre estas Puebla, Majapara, Tiber, Catorce, Tamibe y Monex, todas con algún involucramiento distinto en lavado de dinero.
TAMAULIPAS
Durante las pasadas campañas electorales, un spot televisivo del Partido Acción Nacional recordaba con voz e imágenes las incómodas relaciones del candidato presidencial priista Enrique Peña Nieto.
En la sucesión de fotografías, se mostraban, sonrientes, al propio ex Gobernador mexiquense Peña Nieto y al ex Gobernador tamaulipeco Tomás Yarrington, antes de ser políticamente defenestrado y penalmente investigado por sus probables vínculos con los narcos, específicamente los de su tierra, los del Cártel del Golfo.
Los detalles del involucramiento de Monex con los negocios del Golfo están contenidos en los cargos levantados el 22 de mayo de 2012 por la Corte del Distrito Sur de Texas de la División de Brownsville contra un empresario hoy desaparecido –se ignora si por su voluntad o la de alguien más– llamado Fernando Alejandro Cano Martínez, tan profuso lavador de dinero del narco como pródigo prestanombres del ex Gobernador Tomás Yarrington en la compra de ranchos. El expediente de referencia es el B-12-435.
Al menos otro testaferro de Yarrington, Pablo Zárate Juárez, identificado por las mismas autoridades estadounidenses, ha sido identificado como un activo operador electoral de la campaña de Enrique Peña Nieto.
“Para asegurar la continuidad de sus empresas ilegales utilizaron porciones de sus ganancias derivadas del tráfico de cocaína y marihuana para hacer grandes sobornos a altas autoridades electas desde sus candidaturas en Tamaulipas. Estos cohechos fueron el pago por la poca o nula interferencia policiaca respecto al tráfico de narcóticos y el lavado de dinero en el estado (…) Esta práctica ocurrió al menos desde 1998 a la fecha y aunque el monto de los sobornos es desconocida, se estima que ha sido en el orden de millones de dólares.
“Fernando Alejandro Cano Martínez recibió y controló grandes sobornos para los candidatos de alto nivel que fueron recibidos por miembros y socios del Cártel del Golfo. Entre otras cosas, Cano hizo transferencias de México a Estados Unidos (…) creando y utilizando empresas fachada para obtener de manera fraudulenta préstamos y créditos de bancos federales estadounidenses. Estas empresas fachada también sirvieron para ocultar la verdadera propiedad, naturaleza y control de las actividades ilegales”.
En el vaivén de los 20 millones de dólares lavados por Cano, la fiscalía estadounidense identificó el uso de Monex en la transferencia de recursos hacia una cuenta en el Banco Premier. El flujo de capital fue de esta manera:
Fecha aproximada | Monto aproximado (dólares)
- Junio de 2008 | 99 mil 272
- Septiembre de 2008 | 99 mil 850
- Diciembre de 2008 | 147 mil 492
- Marzo de 2009 | 100 mil
- Junio de 2009 | 50 mil
Total: 496 mil 614
Entre enero de de 2008 y diciembre de 2009, Cano participó en las siguientes transferencias de Monex a la cuenta de una empresa fantasma llamada Cantera Parkway en el First National Bank:
Fecha aproximada | Monto aproximado (dólares)
- Junio de 2008 | 315 mil
- Julio de 2008 | 100 mil
- Agosto de 2008 | 100 mil
- Septiembre de 2008 | 312 mil 500
- Octubre de 2008 | 100 mil
- Noviembre de 2008 | 100 mil
- Diciembre de 2008 | 240 mil
- Febrero de 2009 | 50 mil
- Abril de 2009 | 270 mil
- Mayo de 2009 | 45 mil
- Julio de 2009 | 210 mil 700
- Septiembre de 2009 | 210 mil
- Diciembre de 2009 | 210 mil
Total: 2.2 millones de dólares
Cano está dado a la fuga, según autoridades de Estados Unidos. De Yarrington, los priistas ya se han desligado, pero no así de otros dos ex gobernadores tamaulipecos también señalados por vender su alma al narco, Eugenio Hernández Flores y Manuel Cavazos Lerma, quien acompañará como senador durante los próximos seis años a Enrique Peña Nieto.
CUELLO BLANCO
En algún momento, Jaime Eduardo Ross Castillo y Luis Gino Gamba Llano despertaron en la isla de sus fantasías. Los viajes suyos y de sus cercanos por Nueva York, París, Ginebra o África eran rutinarios, había BMW en la puerta, el pariente de uno ascendía con firmeza en el mundo ejecutivo de Scotian Bank, prestaban dinero para la inversión en algún campo de golf y emprendían el negocio de sus sueños, una flotilla de aviones que incluían un Lear Jet, avionetas y helicópteros.
Por si fuera poco, recuperaba auge el negocio familiar de ropa Hermenegildo Zegna. Y es que este es, literalmente, un asunto de cuello blanco.
En realidad, Ross estaba sentado en un barril de pólvora, como se aprecia en el toca penal 230/2004 resuelto por el Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito.
Tiempo atrás, Scotiabank inició una demanda luego de que uno de sus clientes consentidos, de los que son invitados a desayunos exclusivos con directivos del banco, Alejandro Romero García, amaneció un día con la noticia de que en su cuenta bancaria faltaban 5 millones de dólares. Se trató de una sustracción en complicidad con la gerente de ese banco en la sucursal Liverpool Polanco, Maria Eugenia Oropeza Téllez. El hurto se logró el 19 de marzo de 2001 y en la madeja participó otro hombre joven, bien vestido, mejor peinado y de actitud triunfal, Luis Gino Gamba Llano.
El pago de los 5 millones de dólares se hizo a través del corresponsal Banque Nationale de Paris, New York, para abono a una cuenta en el United European Bank, en Suiza. Apareció como ordenante el propio Alejandro Romero García –ignorante de toda la trama– y, como autorizada, la gerente María Eugenia Oropeza.
Luego ocurrieron dos operaciones más con el objeto de simular el reintegro de parte del dinero. El 13 y el 17 de julio de 2001 se devolvieron 2 millones 100 mil dólares a la cuenta de Romero García, por tanto el faltante fue de 2 millones 895 mil dólares.
Una tarde de septiembre de 2001, en casa de la madre de María Eugenia, timbró el teléfono.
–Tenemos a tu hija y si no quieres que nos la chinguemos, debes pagar 500 mil pesos– escuchó al otro lado del auricular.
La mujer reaccionó y buscó a sus hijos para apoyarse en la decisión. Denunciaron el secuestro, pero a los pocos días la mujer apareció muerta, con evidentes huellas de violencia, en una carretera cercana al Nevado de Toluca, en el Estado de México.
Asimismo, de la documentación enviada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se tuvo conocimiento que con los recursos obtenidos de la cuenta bancaria del señor Alejandro Romero García se aperturó una cuenta en el Credit Suisse Geneve de la que se ordenaron transferencias de recursos en múltiples ocasiones a diversas casas de cambio mexicanas: Majapara, Consultoría Casa de Cambio y Casa de Cambio Monex.
Los beneficiaros fueron Ross Asesores, Grupo Fosta –la que importaba topa Hermenegildo Zegna–, Servicio de Tratamiento de Aguas, Desarrollo Inmobiliario Club de Golf Lomas y Operadora Gudafe.
Ross Castillo conocía el movimiento del dinero. Era vicepresidente del Banco Nacional de París en México y también trabajaba para Scotiabank Inverlat. No era ajeno a la política: en tiempos de elecciones, dedicó recursos para el financiamiento de Andrés Manuel López Obrador y de sus hermanos Pío y Ramiro. Sin embargo, estos no fueron los únicos políticos tabasqueños salpicados con el caso. En 2002, el PRI contrató a Servicios Integrales de Aviación para el traslado aéreo de su dirigencia.
La empresa contaba con una flotilla aérea que incluía un Lear Jet del que, tras bajar Roberto Madrazo en Miami, fue asegurado por las autoridades estadounidenses. No fue el único priista que subió a los aviones de Ross Castillo. También lo hizo el ex Gobernador tamaulipeco Tomás Yarrington, cuya historia particular en el narcotráfico también se encuentra a Monex.
El Procurador General de la República en funciones, Rafael Macedo de la Concha –el mismo que desaforó a López Obrador– se apresuró en deslindar al entonces presidente del PRI:
“Quiero ser muy puntual en esto porque esto se presta para que se especule mucho sobre el particular. Yo quiero precisar que el señor Roberto Madrazo, de acuerdo a la información que yo tengo, no tiene ninguna relación con estos hechos”.
Sin mayores detalles, la maquinación fue considera de relevancia en el Cuarto Informe de Gobierno del Presidente Vicente Fox. Por eso llama la atención que el asunto no fuera investigado más allá de los responsables inmediatos. En la relación de beneficiarios de las triangulaciones por medio mundo existente en el expediente, se detalla la constitución de la empresa relacionada con la adquisición de los aviones, Vuelamex SA de CV. La firma causó alta ante un notario público de Navolato, Sinaloa. Si esto no fuera suficientemente peculiar, en su consejo de administración aparece Rodrigo Vázquez Colmenares Guzmán, hijo del ex Gobernador priísta de Oaxaca Pedro Vázquez Colmenares.
Este no ha sido el único negocio de Rodrigo en el sector aeronáutico. Su nombre también aparece en la aerolínea Avolar, misma que tiene relación con otra de mismo nombre, pero propiedad de Jorge Alberto Bribiesca Sahagún, el hijo mayor de Marta Sahagún.
La hipótesis no demostrada de la PGR sobre el asesinato de la gerente es que ésta intentó meter reversa cuando la corriente de dinero comenzó a estancarse. Y sus socios la mataron simulando su secuestro.
Tras ese asesinato, el dinero llegó vía Monex hasta un avión utilizado por el candidato perdedor priista de 2006 y en posible beneficio de la familia de un presidente panista. Y fue por Monex como el dinero llegó a un candidato ganador priista y con la anuencia –beneficio, hay quien insiste– de un presidente panista.
Tras la resolución del IFE de no sancionar el uso de su sistema financiero, Monex ha emprendido una campaña publicitaria en desplegados en que dice, como siempre ha dicho, que su empresa es la realización de la confianza. Y la danza de los millones continúa…
